El Área Legal del Consejo Nacional de Usuarios de Comunicaciones (CONUC Legal) protege y representa a usuarios y consumidores afectados por la negligencia de entidades públicas y privadas.
🔹 Defensa gratuita a víctimas de vulneraciones de derechos.
🔹 Acciones legales contra la mala gestión de servicios públicos y privados.
🔹 Acompañamiento en procesos administrativos y judiciales.
🔹 Promoción de reformas para garantizar justicia y seguridad.
El Caso Rodrigo
Rodrigo Ponce Carnero, un niño de 10 años con Mucopolisacaridosis tipo II (Síndrome de Hunter), depende de un tratamiento de reemplazo enzimático con Idursulfasa para mantener su calidad de vida y evitar el avance de su enfermedad. Desde 2019, ha recibido este tratamiento en el Hospital Guillermo Almenara de ESSALUD, pero su acceso ha sido constantemente amenazado por interrupciones administrativas y trabas burocráticas.
Aunque el tratamiento no ha sido suspendido por completo, la madre de Rodrigo, Lizbeth Carnero Tineo, debe luchar constantemente para que ESSALUD le proporcione el medicamento, enfrentando incertidumbre y obstáculos cada semana. Actualmente, existe una amenaza inminente de suspensión definitiva, lo que pondría en grave riesgo la vida de Rodrigo.
Ante esta situación, el Consejo Nacional de Usuarios de Comunicación (CoNUC), a través de su área legal CoNUC Legal, ha asumido la defensa del caso, presentando una demanda de amparo para exigir que ESSALUD garantice la provisión continua del tratamiento y adopte medidas preventivas para evitar futuras interrupciones.
El caso de Rodrigo es un claro ejemplo de cómo la falta de acceso oportuno a tratamientos médicos esenciales vulnera el derecho a la salud y la vida, derechos fundamentales protegidos por la Constitución y tratados internacionales. CoNUC Legal sigue comprometido en la lucha para que ESSALUD cumpla con su obligación y se respete el derecho de Rodrigo a recibir el tratamiento que necesita para vivir.
El Caso de Marilú Taipe
El caso de Marilú Taipe Medina se origina a raíz de una explosión ocurrida el 5 de diciembre de 2024 en un buzón eléctrico subterráneo, ubicado en la intersección de la Av. Túpac Amaru con Av. Puno, en el distrito de Comas. Como consecuencia de la explosión, Marilú sufrió graves lesiones, incluyendo una fractura compleja de escápula derecha, quemaduras y otros daños físicos que han afectado significativamente su calidad de vida.
Este hecho se debió a la falta de mantenimiento de la infraestructura eléctrica, cuya responsabilidad recae en la Municipalidad Metropolitana de Lima y la empresa Pluz Energía Perú S.A.A., encargada de la administración del sistema eléctrico en la zona.
Actualmente, el caso se encuentra en etapa de investigación preliminar, bajo la supervisión de la Fiscalía Provincial Penal de Lima Norte. La defensa legal de Marilú Taipe está siendo liderada por el Consejo Nacional de Usuarios de Comunicación (CONUC), a través de su área legal, CONUC Legal.
La defensa sostiene que este hecho no es solo un caso de lesiones culposas, sino que evidencia un dolo eventual, pues los responsables conocían los riesgos y no tomaron medidas preventivas para evitar el accidente. Se ha solicitado la formalización de la investigación preparatoria y la recalificación del delito, además de una reparación civil integral por los daños sufridos.
Este caso no solo busca justicia para Marilú, sino que también pretende sentar un precedente en la responsabilidad de las entidades públicas y privadas en la seguridad de las infraestructuras urbanas, evitando que hechos similares vuelvan a ocurrir.